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Fernando Enseñat recuerda que, dentro de la subida fiscal
del Ejecutivo de Torres en 2022, se incrementó del 0 al 7%
la factura de los precios públicos de alojamiento
Según el diputado popular, “la medida afecta a miles de
estudiantes, sobre todo a los que provienen de las islas no
capitalinas, y a sus familias que sin estas residencias no
podrían enviar a sus hijos a la universidad”
Con esta modificación las cuotas mensuales han subido en
casi 50 euros en los colegios mayores, y 20 para las
residencias “cantidades que pueden parecer insignificantes
pero que para muchas familias son un mundo”
El diputado del Grupo Parlamentario Popular, Fernando
Enseñat, pidió hoy al Gobierno de Canarias que elimine el Impuesto General
Indirecto Canario (IGIC) para los alumnos universitarios que se alojan en
residencias o colegios mayores “y que hasta el pasado año figuraba como una
actividad exenta de este impuesto”.
Fernando Enseñat explicó que, dentro de la subida fiscal que el Ejecutivo de
Torres llevó a cabo en 2022, se incrementó del 0 al 7% la factura de los precios
públicos de alojamiento, una decisión totalmente “desafortunada” porque según
sus palabras “cualquier subida en los precios, y más aún por un impuesto que ni
siquiera va a repercutir en la calidad del servicio, supone un sacrificio para
muchas familias”.
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En este sentido, el diputado popular apuntó que con la modificación llevada a
cabo los precios en una residencia superan los 700 euros mensuales, y los casi
300 en las residencias universitarias, “con incrementos de 50 euros en el primer
caso, y casi 20 para los segundos”.
“Para algunos quizá esta subida puede parecer insignificante pero para muchas
familias puedo suponer un mundo, sobre todo si tenemos en cuenta los últimos
datos publicados por el Instituto Canario de Estadística (Istac) que evidencian
que más del 70% de los canarios aseguran que tienen dificultades para llegar a
final de mes”, insistió.
Según el diputado popular, “la decisión de gravar estos servicios genera un
castigo injusto a miles de estudiantes, sobre todo a los que provienen de las
islas no capitalinas, y a sus familias que sin estas residencias o colegios
mayores no podrían enviar a sus hijos a la universidad, pues muchas de ellas no
pueden permitirse pagar el alquiler de un piso”.
Asimismo, explicó que el 90% de los estudiantes que viven en las residencias o
colegios mayores pertenecen al tramo 1, es decir, a familias con rentas inferiores
a 8.000 euros, “que si bien pueden acogerse a bonificaciones no es menos
cierto que el esfuerzo que tienen que hacer para pagar el incremento de los
precios es mucho mayor”.
Por último, Fernando Enseñat reclamó al Gobierno de Canarias que actúe y
estudie la posibilidad de volver a instaurar la exención del IGIC de estos
servicios o gravarlos al tipo 0%. “Un gobierno que se define como progresista
tendría que pensar menos en recaudar y más en crear oportunidades de futuro
para todos los jóvenes de Canarias, independientemente de donde vivan”,
concluyó.
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